España: Multa de 4.000 euros por explotación ilegal de una variedad protegida de arándano.

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Una entidad productora de fruta de arándanos de la provincia de Huelva ha sido condenada por el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Ayamonte por explotar sin autorización, reproducir y multiplicar la variedad de arándanos Snowchaser. En la sentencia se considera probada la comisión de un delito contra la propiedad industrial, tipificado en el artículo 274.4 del Código Penal.

Este procedimiento judicial se inició por la denuncia presentada por Geslive ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva. La sociedad denunciada había obtenido material vegetal de origen desconocido y procedido a su reproducción hasta conformar una plantación de 1.475 plantas destinadas a la producción de fruta de la mencionada variedad vegetal. La sentencia, que es firme y contra la que no cabe recurso, condena a la entidad a una multa de 4.128 euros, así como al arranque y destrucción de las 1.475 plantas de la variedad vegetal Snowchaser, cuya propiedad intelectual pertenece a la Universidad de Florida y se encuentra licenciada a la empresa Rústicas del Guadalquivir.


El pirateo de plantas, una “crítica amenaza” para el conjunto del sector

Prueba de que la reproducción ilegal de variedades vegetales está siendo “crítica” es que el 53% de los viveros inspeccionados por las autoridades policiales en 2016, trabajaba de forma clandestina, sin autorización para reproducir variedades protegidas. Este fraude masivo tiene graves consecuencias no sólo para los obtentores de nuevas variedades vegetales, “a los que se están causando pérdidas multimillonarias cada año, sino también para todo el sector, pues supone una competencia desleal para la mayor parte de los productores que se esfuerza responsablemente por respetar la ley”, explica Geslive.

El mercado obtentor español, con 600 millones de euros, es el tercero más importante de Europa y el decimotercero mundial. Y en lo que se refiere a la multiplicación irregular o ilícita de variedades protegidas o el empleo de granos para siembra sin aplicar derechos de propiedad intelectual supone, sólo en España, más de 100 millones de pérdidas al año para el sector obtentor, que está seriamente preocupado por una situación que considera “crítica”.

Fuente: FreshPlaza